La educación de “asunto del Estado” a “tema de sociedad”

La educación de “asunto del Estado” a “tema de sociedad”
Cambiar de “chip” educativo

En un documento programático reciente, la Union Europea estima que los Estados “deben transformar radicalmente sus sistemas de educación y de formación para hacer accesibles a todos de manera permanente la oferta de educación y de formación”. Las afirmaciones son rotundas y claras. Retengamos las dos ideas centrales: transformación radical de los sistemas y accesibilidad permanente para todos.

La crisis actual no permite las medias tintas. De lo que se trata es de tomar en serio la educación para hacer realidad el ideal recientemente proclamado por la comunidad internacional en la UNESCO: “toda persona tiene derecho a una educación de calidad que respete plenamente su identidad cultural”.

La distancia que separa este ideal de la realidad es tan grande que ni siquiera genera preocupación, sólo cansancio. Porque es verdad que a fuerza de hablar de crisis y de reformas, numerosas en España desde los años setenta, se tiene la impresión que todo esfuerzo es inútil y que la inercia del sistema es tal que sin una auténtica revolución no sería posible hacer nada verdaderamente eficaz. Pero las revoluciones ya no están de moda y su costo político y social es tan elevado que nadie se atreve a plantearlas ni desde el poder ni desde la calle. Los sistemas educativos vegetan muchas veces más preocupados por su supervivencia que por la verdaderas necesidades de los alumnos. Priman los intereses económicos –reformas sin presupuestos –, sindicales –preservar los derechos adquiridos –, o ideológicos – utilización del sistema educativo con fines de orden público –.

Transformar radicalmente los sistemas pide la Comisión Europea, y hacerlos accesibles a todos de manera permanente. Se necesitan ideas nuevas para centrar la educación en el alumno y no en el sistema. No se trata, en el fondo, de transformar el sistema, se trata de cambiar de mentalidad. Lo que se propugna es que la educación deje de ser un “asunto del Estado” para ser un “tema de sociedad” .

Desde comienzos de siglo el sistema educativo ha pasado por dos fases que se podrían esquematizar así: en un primer momento fué la educación un asunto de los poderes públicos, esta época corresponde al mito de la instrucción pública gratuita; luego se convirtió en un asunto de expertos, era el mito del “método” ideal para garantizar la igualdad. Habría que pasar ahora del mito a la responsabilidad de los actores. Es lo que antes designabamos como “tema de sociedad”. No habrá cambio educativo, no habrá educación de calidad, sin una participación ordenada y responsable de todos los actores del sistema educativo: docentes, padres, sociedad civil, instituciones privadas y comunidades.

Es significativo a este respecto que el principal proyecto de investigación que lleva a cabo la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO actualmente lleva por título “Formación al diálogo político en educación”. La formulación es sorprendente y hasta audaz. Diálogo político, no diálogo de expertos. Y lo más interesante es que la formulación ha sido propuesta por los gobiernos mismos. Han comprendido que no hay reforma posible en el campo educativo sin diálogo y negociación política, porque no es posible gobernar una sociedad sin que los actores se sientan auténticamente actores y responsables del proyecto social. Las preocupaciones actuales en Europa sobre la buena gobernanza van en este sentido. La buena gobernanza exige un esfuerzo de entendimiento y de concertación permanente – dice la Unión Europea - entre poderes públicos, sociedad civil y sector privado. Esta nueva “cultura” de gobierno no se instala sin dificultad en las costumbres políticas. Las autoridades públicas tienen que “contar con”, negociar políticamente, compartir un poder del que, a menudo, se sienten propietarios exclusivos.

Que la educación sea un asunto de todos significa igualmente que la educación debe ser “aceptable” por los actores y de manera específica por los educandos y sus representantes. Esta noción de “aceptabilidad”, recientemente introducida por las instituciones internacionales para verificar la pertinencia de un sistema, es clave. No se “decreta”, no se construye un sistema educativo, se responde a una demanda de educación. La oferta educativa se hace en función de la demanda de formación, no al revés, como se ha hecho tradicionalmente en la “escuela del Estado” y en la “escuela de los expertos”.

Esta demanda, en una sociedad democrática es plural, y la oferta no puede no serlo. Por ello, el debate entre escuela pública y privada es asunto absolutamente inpertinente, es de otra época. Cuando hablamos de buena gobernanza y de participación es ridículo oponer público y privado. Ridículo y contradictorio con las finalidades del sistema social que queremos: una democracia participativa de ciudadanos responsables.

Deben existir escuelas diferentes, cuanto más mejor, para que sean aceptables y adaptables a la pluralidad del sistema social. Si tememos la diversidad es que tenemos la libertad y, en el fondo, que no somos dignos de un sistema democrático. Esta actitud recuerda la de aquel obrero aleman de la época nazi que cita Cassirer en su libro “El mito del estado”. El personaje decía a Cassirer preferir vivir sin libertad política para evitar elegir y poder consagrarse enteramente a su trabajo.

Si el fundamento del sistema democrático sistema es el pluralismo de opiniones y de convicciones, es tarea urgente fortalecer la diversidad desde el inicio, es decir desde la escuela. Las libertades educativas no son más que el fundamento de la libertad de opinión, como decía con acierto Stuart Mill. Oponer las libertades a la cohesión social es un sinsentido.